Doble puerta giratoria

Casi 88.000 personas han firmado ya la petición en Avaaz para solicitar que la Fiscalía Anticorrupción actué ante la denuncia que presentará la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y quienes deseen adherirse, por el hecho de que "Influyentes políticos podrían llevar años machacando a las renovables y complaciendo a las grandes eléctricas que les fichan como altos directivos [...] Durante los últimos años, los gigantes de la energía en España podrían haberse aliado con influyentes políticos para asegurarse enormes beneficios mientras libraban una guerra sucia contra las energías renovables [...] Como si fueran poderosos clubs de fútbol, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y otras grandes compañías han peinado el parlamento fichando a ex-presidentes de gobierno, ministros, secretarios de estado... para defender sus intereses multimillonarios. Su presión feroz está provocando la gradual demolición del sector de las energías limpias en nuestro país, arrebatándonos el liderazgo que hemos ejercido durante años. El resultado es indignante: un oligopolio de empresas llenándose los bolsillos –¡tan solo tres compañías atesoran unos beneficios anuales de más de 6 mil millones de euros anuales!-, mientras los ciudadanos pagamos unas de las facturas eléctricas más altas de Europa y el sector de las renovables agoniza."

Este comportamiento ha venido siendo tan transversal a los dos partidos que probablemente Vd. haya votado, que entre ellos también se han intercambiado cromos.

El Consejo de Ministros del 3 de febrero del año pasado, aprobó el nombramiento de Fidel Pérez Montes (miembro del Club de la Energía y del Grupo de Energía de la FAES*), la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El 3 de marzo de 1993 había sido nombrado Consejero CEE(responsable de los asuntos de industria y energía) en la Representación Permanente de España ante la CE y en 2005 director de Infraestructuras del Congreso de los Diputados.


Sustituía a Alfonso Beltrán García-Echaniz, que llevaba ocupando el cargo desde octubre de 2010. Éste sonó para Secretario de Estado de Energía, pero quien finalmente se encargó de continuar con la mentira del déficit tarifario fue Fernando Martí, vicepresidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) desde 2002 hasta que en 2011 se remodeló el Consejo del regulador energético.

Ese mismo día 3 se daba a Alberto Soler Vera la dirección general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía. Hasta ese momento, era consejero económico en la Embajada de España en Arabia Saudí.

Un mes antes, el gobierno popular también había hecho uso de personas que habían merecido algún nombramiento por gobiernos socialistas. Pasaba a ser Secretario de Estado de Defensa Pedro Argüelles, que dejaba la presidencia de Boeing España y la vicepresidencia de Boeing Internacional. EADS, el fabricante aeronáutico europeo, es competidor de Boeing.

Argüelles fue director de gabinete de Defensa en tiempos de Eduardo Serra, ministro con Aznar, cuando coincidió con el actual ministro de Defensa Pedro Morenés. El ministro de Felipe González, Narcís Serra, fue quien ascendió a Eduardo Serra en 1984 de subsecretario a secretario de Estado de Defensa. Como número dos del ministerio, Eduardo Serra manejó los presupuestos hasta su renuncia en 1987.

Escribía Jordi Calvo Rufanges, economista e investigador de movimientos sociales, cultura de paz y armamentismo, en la web del Centro Delás de Estudios por la Paz de Justícia i Pau, del que es miembro e investigador -también del CEMS (UPF de Barcelona) y del IUDESP (UJI de Castelló)-, sobre "el nombramiento de un miembro del complejo militar-industrial español", Morenés, como Ministro:

"ostentaba hasta hace muy poco doce cargos de alta responsabilidad en empresas de armas, de seguridad y de representación empresarial [...] ha sido presidente en España del segundo mayor productor mundial de misiles, MBDA [...] ha vendido a España misiles Mistral para los helicópteros de combate Tigre por 27,7 millones de euros y ha firmado un contrato para desarrollar los misiles Meteor por más de 100 millones de euros. Además, Morenés ha sido consejero o representante desde agosto de 2005 hasta octubre de 2011 de la empresa zaragozana Instalaza, productora de bombas de racimo hasta que fueron prohibidas en julio de 2008. Gadafi lanzó sobre Misrata bombas de racimo MAT-120 fabricadas por esta empresa y vendidas al dictador libio poco antes de ser prohibidas. [...] ¿Está de acuerdo el señor Morenés con la prohibición de las bombas de racimo? ¿Intentará que Instalaza se haga con los 40 millones de euros que reclamó al Gobierno ["por el lucro cesante sufrido al no tener la posibilidad de vender sus destructivas bombas"], ahora que es él quien decide? ¿De qué manera el ministro presidirá la JIMMDU, el organismo que decide sobre el comercio de armas español?, ¿[...] vendiendo alegremente a países donde se violan los derechos humanos? [...] Para que se compren armas se necesitan dos cosas, o la renovación de los arsenales o que se gasten las ya existentes. Las armas se gastan principalmente en las guerras. La renovación de los arsenales será difícil de acometer en momentos de crisis económica y recortes presupuestarios, y porque el Ministerio de Defensa tiene comprometidos durante los próximos años más de 30.000 millones de euros por los contratos de nuevo armamento firmados en la última década tanto por Aznar como por Zapatero. A los empresarios de las armas sólo les queda la esperanza de que haya guerras".

Sobre esos "30.000 millones de euros comprometidos en un préstamo de gran armamento. Igual que en los últimos quince años. El cuádruple que la 'gran tijera de la derecha' recortó el pasado día de los Santos Inocentes" escribía Lucas León Simón:
"se presume de 'recortes'. Almirantes, coroneles, jefes de Estado Mayor y reyes con yernos corruptos dicen que el presupuesto se ha recortado en 340 millones [...] Desde Amancio Ortega, que paga sus impuestos en Andorra, pasando por Julio Iglesias que los paga en Florida, hasta el jornalero andaluz en paro que se toma unas copas (Durán dixit) tras cobrar el PER. De las costillas de cada gilipollas andante de esta piel de toro y de Urdargarin saldrán 106.378 pesetas para 'defendernos'.

¿De quién? ¿Del Morito Mohamed que puede invadir un islote con cuatro cabras y siete ramas de perejil? ¿Del islamismo de los afganos, que allí en su asiática y helada tierra quieren seguir siendo islamistas? ¿O en ayudar a Al Queda a meterle un palo por el culo a Gadafi?

El ministro del racimo, quiero decir del ramo, Pedro Morenés, sabe muy bien a quien hay pagarle esta factura. Este dispendio. Y sus comisiones".

Volviendo a los nombramientos, el hoy secretario general del Tesoro, Iñigo Fernández de Mesa, fue subdirector general del mismo y luego responsable de financiación del sector público al frente de las relaciones con las Administraciones Públicas en la oficina de Lehman Brothers para España y Portugal, donde también estuvo el ministro de Economía, Luis de Guindos. Tras su quiebra recaló hace más de dos años en Barclays Capital como responsable de operaciones del sector público. De Barclays, Pedro Solbes, ministro con González y con Zapatero, es consejero.

Con Solbes fue subdirector general en Tributos Miguel Ferré, nuevo secretario de Estado de Hacienda. El hasta ahora socio de Fiscalidad Internacional de PricewaterhouseCoopers (PwC), auditora de la que fue director financiero De Guindos, cambia más de 300.000 euros mensuales por la cuarta parte. Fue representante del gobierno socialista en los organismos internacionales responsables de definir la sanísima fiscalidad internacional que estamos sufriendo: Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, Comité de Expertos en Fiscalidad de las Naciones Unidas...

Participó también en la negociación de acuerdos de intercambio de información fiscal y coordinó los trabajos de armonización fiscal en la UE, como miembro de la delegación española en los Consejos Ecofin, y del Código de Conducta sobre Fiscalidad Empresarial y Prácticas Fiscales Perjudiciales.

La nombrada el 3 de enero de 2012 secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, Carmen Vela, está unida a la empresa Ingenasa (Inmunología y Genética Aplicada) desde hace 30 años, es su directora general desde 1994 y exhibe como aval que entre 2007 y 2010 presidió la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).

Por ese mismo motivo, Vela fue elegida el 10 de febrero de 2008 para leer el manifiesto 'Defender la alegría' con el que un grupo de intelectuales y artistas como el cineasta José Luis Cuerda pedía que no volviera “la turba mentirosa y humillante, que piensa desde su imbecilidad, que todos somos más imbéciles que ellos”, en alusión al PP.

En el manifiesto que leyó la ya secretaria de Estado popular se afirmaba que Zapatero “ha acompañado los logros en política económica con la mejora del bienestar de todos los ciudadanos” y se pedía el voto al PSOE “para que la solidaridad siga siendo el eje de la acción de gobierno, para que ningún credo goce de privilegios, con la firme voluntad de no dar un paso atrás, confiamos en la capacidad de Zapatero para seguir liderando este proyecto colectivo”. En la última campaña electoral apoyó a Rubalcaba con un vídeo en el que afirmaba: “Yo creo en la ciencia y en la tecnología y sé que él cree en la ciencia y la tecnología”.

Joan Ginovart, director del Instituto de Investigación Biomédica, explicaba que “no han querido buscar a un científico de laboratorio, sino a uno con experiencia en el mundo empresarial, que sepa convertir la ciencia en beneficio económico”. Vela fue miembro del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia de Cristina Garmendia.

No sólo hay una puerta giratoria entre lo público y los intereses privados de las grandes corporaciones, sino entre las cúpulas económicas, empresariales y proarmamentísticas populares y socialistas.

(*) FAES = Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales

Carretera y PP: no mezclar

El exportavoz del Gobierno del PP Miguel Ángel Rodríguez, tras ser juzgado por colisionar con tres vehículos aparcados en el distrito madrileño de Retiro y cuadruplicar la tasa de alcoholemia, recibió ayer de la directora general de Tráfico, María Seguí, una invitación a acudir a la Dirección General de Tráfico (DGT) para "trabajar activamente en pro de la seguridad vial".

Aunque según ella "cualquier persona, independientemente de su posición, rango, edad o ámbito profesional está sujeta a las mismas normas y mismos controles y procedimientos", parece ignorar los indultos concedidos por el mismo Gobierno que la ha designado a condenados por delitos contra la seguridad del tráfico, que ya en enero superaron los habidos en toda la legislatura anterior: uno en 2011; en 2010, dos; y en 2009, uno. Bien es cierto que aún la cifra está lejos de los 18 indultados de la primera legislatura de Zapatero, pese a que el exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguraba en 2006 que el Gobierno no estaba a favor de indultar a condenados por delitos contra la seguridad vial ni de violencia doméstica. En ese mismo año, se indultó a cuatro condenados por el primero de esos motivos. Por Aznar entre 2000 y 2004 fueron indultados ¡313!, 226 de ellos en 2000, según las cifras del Ministerio de Justicia. En 2001 fueron 31; en 2002, 14; en 2003, 28; y en 2004, 14 indultos.

La misma directora general ha recordado que el año pasado 100.000 personas fueron sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol y que otras 2.000 perdieron la vida en accidente de tráfico. Aunque para ella también todos los que conducen bajo los efectos del alcohol son ciudadanos con una responsabilidad concreta que hay que cumplir, independientemente del apellido, la irresponsabilidad de animar estas conductas sale de sus propias filas:

"Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilamente [...] A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más de tanta velocidad [...] y además a usted le prohíbo beber vino [...] Déjame que beba tranquilamente; no pongo en riesgo a nadie ni hago daño a los demás" 

(José Mª Aznar, en 2007 al recibir la medalla de honor de la Academia del Vino de Castilla y León)

Las consecuencias de premiar este tipo de delitos fue expresada desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA a propósito de la conmutación a dos años de multa de la pena al conductor 'kamikaze', condenado a 13 años de prisión por matar en 2003 a una persona y herir a otra, diciendo que "el mensaje que recibimos es que unos ciudadanos obtienen una serie de beneficios nada acertados, dejando en evidencia el funcionamiento de la justicia al dejar sin validez sus sentencias", lamentando que "no es un hecho aislado pues sucede periódicamente. El gobierno no tiene ningún argumento, y sin explicación alguna se concede el indulto".

En otro de los indultos concedidos en 2012, el Gobierno conmutó la pena a un hombre que había sido condenado a 3 años y 3 meses de prisión por la Audiencia Provincial de Granada, con tres delitos de homicidio imprudente en julio de 2008, cuando yendo a más de 120 km/h en una vía limitada a 40, mató a tres jóvenes de 15, 17 y 21 años.


Otro loco al volante, Ángel Carromero, también fue premiado por cometer sus delitos en la carretera. Frente a los 1.757 del verano de 2010, el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía registrados en agosto de 2012 a 2.443 españoles detenidos en el extranjero, una cifra que varió poco en los últimos meses del año. Según el Movimiento por la Paz, que gestiona el programa de atención a detenidos españoles en el extranjero que el Instituto Ramón Rubial creó en 1989, alrededor de cien españoles son trasladados cada año para cumplir condena en cárceles españolas, gracias a los convenios bilaterales firmados con una veintena de países. Los trámites, según explica el Movimiento por la Paz en su programa de atención a detenidos, pueden alargarse un año o año y medio. España ha suscrito el convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas —firmado por alrededor de sesenta países.

Sin embargo, el Vicesecretario General de Nuevas Generaciones del PP de Madrid -en TVE se limitaban a decir 'politico español'- Ángel Carromero Barrios, conductor del automóvil en el que pereció el presidente del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, y el también opositor cubano Harold Cepero, regresó a España sólo dos meses después de que su sentencia a cuatro años fuera firme. "Al sueco Jens Aron Modig se le permitió retornar a su país", decía el editorial del primero de agosto pasado el periódico Granma. Modig, lesionado en el accidente, es "líder del Partido Demócrata Cristiano Sueco, émulo del ultraconservador 'Tea Party' norteamericano, y presidente de su Liga Juvenil".

Tampoco tardó en salir de la cárcel española donde iba a cumplir los 1.300 días de condena que debía, en un Alfa Romeo rojo en el que fueron a recogerle sus amigos. La Junta de Tratamiento de la cárcel elevó su propuesta de tercer grado o régimen abierto el día 10 y Carromero ya no volverá a pisar el centro penitenciario de Perogordo (Segovia): ahora, sin necesidad de presentarse ni firmar, dormirá de lunes a jueves en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent de la Comunidad de Madrid donde continuará con su empleo en régimen de semilibertad para preparar su reinserción en la sociedad. Mientras tanto, otro ciudadano español lleva doce años en un penal de Florida y pesando sobre él la pena capital en el país que da lecciones a Cuba.

Este era el retorno de los cachorros del PP a la carretera, después de que a las 7 de la mañana del viernes 19 de febrero de 2010, el entonces presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, portavoz en la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso, vocal en la de Igualdad, en la del seguimiento del Pacto de Toledo, en la dedicada al estudio del problema de las drogas y vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, Nacho Uriarte, diera positivo por el doble de la tasa legal de alcohol permitida (entre 0,52 y 0,55 miligramos por litro de aire aspirado), tras colisionar con otro coche, en un control de alcoholemia en la calle... sí, en la calle Serrano de Madrid. Se le retiró el permiso de conducir, fue imputado por un delito contra la seguridad vial y se le citó a un juicio rápido en los juzgados de la capital a los cinco días. Reconoció los hechos y dimitió de su cargo dentro de la Comisión, aunque no entregó su acta de diputado. A fecha de hoy, sigue siendo diputado (iba el 7 del PP por Valencia) y es patrono de la Fundación vinculada al PP, Humanismo y Democracia.

Un año antes, el concejal de Cultura, Fiestas y Juventud del Partido Popular en el Ayuntamiento de Motril (Granada), Nicolás Navarro, hoy portavoz de su Gobierno local, había sido multado con 600 euros y un mes sin carné por dar positivo en un control de alcoholemia.

Y hace dos años y medio fue detenido el concejal de ¡Educación! del Ayuntamiento de Peñallera Baja, en el corazón de los Picos de Europa, Victoriano Vidal Cordera, del PP, como supuesto autor de un delito de omisión del deber de socorro a un ciclista de 20 años fallecido tras ser atropellado el 24 de julio en el Collado de Carmona (Cantabria), entre Cabuérniga y Puentenansa. Otro ciclista vio al todoterreno huir del lugar del accidente.

De esa forma, se involucraba en menos de una semana, a otro miembro del PP en acciones que nada tenían que ver con las campañas de seguridad vial lanzadas por el Gobierno, toda vez que Rajoy aparecía en un vídeo yendo en coche sin cinturón de seguridad.

Pobres víctimas de prohibiciones con su libertad cercenada. Se prohíbe torturar animales (según cuáles, claro), se prohíbe que el humo del tabaco afecte a los no fumadores, se prohíbe que los periódicos se lucren con la prostitución (una actividad que los mismos que mandan se niegan a legalizar). Para Fernando Savater es "el regreso de la Inquisición". Igual que Aznar (uno de "los connotados anticubanos" que citaba Granma), Savater también se ha quejado de que se prohíba atacar al inocente (al que sufre desde las borracheras de los demás hasta el proxenetismo): "cada vez hay más prohibiciones"; se terminará por "prohibir absolutamente todo"; "no se resuelven los problemas pero, en cambio, se van a prohibir las satisfacciones"; "cada vez hay más inquisidores".

La paja en el ojo ajeno

Coincidiendo con el 50 Aniversario del asesinato de Julián Grimau García, desde el PCE se ha puesto en marcha una iniciativa cuyo objetivo es recoger firmas de reconocimiento a este dirigente comunista y exigir la anulación de las sentencias de los tribunales del franquismo, como ya ha pedido IU en varias ocasiones. Se puede apoyar con la firma en el siguiente enlace: http://grimau.freens.org.

El 1 de abril de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público como herramienta para reprimir a los demócratas y privar las libertades individuales, que además cumplía con las funciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Detenido ese año, Grimau, que había participado en la defensa de la legalidad tras el Alzamiento militar del dictador Francisco Franco, estuvo recluido en la Dirección General de Seguridad, donde actualmente funciona la Comunidad de Madrid, siendo arrojado desde un segundo piso hacia un callejón con el resultado de múltiples heridas en cabeza y manos.

Pese al trato “exquisito”, en palabras de Manuel Fraga, durante el interrogatorio abrió una ventana para “arrojarse de forma inexplicable”; el 20 de abril fue fusilado este “asesino repugnante” por orden del Consejo de Ministros en que se sentaba un Fraga que en una entrevista ya en este siglo lo seguía justificando. Cuatro meses después serían ejecutados, a garrote vil, los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado.

En otoño de 2002, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta de Izquierda Unida para rehabilitar la memoria de Julián Grimau, porque el Partido Popular consideró que eso sería “reabrir un proceso para revisar la Transición”. El diputado de IU Luis Carlos Rejón contestó: “Es duro que uno de los verdugos esté rehabilitado y la víctima no. A Fraga se le dio la oportunidad de presentarse a unas elecciones y ser un padre de la Constitución. A mí me habría gustado que determinado Consejo de Ministros le hubiera dado la posibilidad a Julián Grimau de haber ido de número tres en la lista del PCE en 1977”.

A los que se les llena la boca llamando nazis a los que defienden el derecho a la vivienda recogido en la parte de la Constitución que no se cumple, deberían recordar que el padre de su partido sí colaboró con el régimen nazi.

Hoy, otro padre de la Constitución, Miquel Roca, defiende judicialmente a una de las hijas de ese Rey sacralizado en la Constitución.

Luxemburgo, sí; Suiza... según quién

Pese a que asuntos como el de si el Jefe del Estado cumplió con Hacienda al asumir la herencia de su padre: 1.100 millones de pesetas que incluían 728 millones en tres cuentas en Suiza (de los que 375 fueron a Juan Carlos de Borbón) e inmuebles por valor de 350 millones "no tienen relación con la acción del Gobierno", según el presidente del Congreso, Jesús Posada, España, junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido enviaron ayer una carta en la que pedían a todos sus socios europeos que aplicaran el intercambio automático de datos sobre ciudadanos de la UE que tienen cuentas bancarias en sus territorios.

Además del cierre de filas del PP sobre el Rey, esta semana también los populares han cerrado filas sobre la Banca, tras las acusaciones al PSOE andaluz de ser "víctima, una vez más, de las presiones de IU" en su decreto ley de función social de la vivienda que permite expropiar por tres años el uso de viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica". Ya en noviembre blindaron a las entidades de crédito con un impuesto estatal de 0€ para evitar que Extremadura ingresara el que aprobaron sobre depósitos PSOE e IU.

Es más elocuente aún la obstaculización de las preguntas parlamentarias sobre esa parte de la fortuna del Rey, si tenemos en cuenta que recientemente no se rechazó otra sobre el ofrecimiento de información por parte de Suiza para "tratar de encontrar nuevos defraudadores fiscales españoles que pudieran tener dinero depositado en cuentas bancarias secretas".

En su respuesta el Gobierno recordaba que España y Suiza habían firmado el año anterior un acuerdo para el intercambio de información y de lucha contra el fraude, que modificaba el convenio hispano-suizo de 2006 al incluir una cláusula de intercambio: "no se podrán oponer restricciones a la información bancaria" que se intercambie entre ambos países, aseguraba el Ejecutivo que, sin embargo, no respondía al cuestionamiento sobre la intención de España de firmar un acuerdo Rubik con la Confederación Helvética, lo que supondría que el país helvético abonara un impuesto anual sobre sus fondos bancarios a España, a cambio de evitar informar sobre cuentas no declaradas de ciudadanos españoles (Economía Digital, 09/12/2012).

Tras las presiones de Alemania y la Comisión Europea que han desembocado en el anuncio de hoy de Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo, por el cual este país compartirá información con el resto de la Unión Europea sobre titulares de cuentas bancarias de la UE en su territorio a partir del 1 de enero de 2015, Austria queda como único país que mantiene el secreto bancario. Todo ello como parte de una política de la que se beneficiaron los millonarios ganadores de la Eurocopa de 2008, que no contribuyeron a Hacienda porque lo tributaron en Austria, al 20%, acogiéndose a un viejo convenio de 1966 firmado por quien eligió a quien ahora se escuda en Posada ante las preguntas de Llamazares sobre sus cuentas en Suiza.

La tele del régimen

Antena 3 es ahora "la televisión del Gobierno", decía Telecinco (El País, 29 enero). Efectivamente, ayer a las 21:00, en lo que supuestamente es un informativo, volvieron a llamar "dictador" a quien ha ganado elecciones con sufragio universal y no con voto restringido a un centenar de curas para instaurar un régimen religioso desde el que lanzar fatwas contra los gays, por ejemplo. No era el que fue dictador de Argentina el que debía aparecer en el supuesto informativo?

El reparto de la sostenibilidad en el campo

Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) -el cual participó en la Feria Internacional del Suroeste Ibérico “AgroExpo” celebrada en Don Benito (Badajoz) a través de su empresa pública instrumental Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)- presentó en la inauguración de la Feria el plan de su departamento para invertir casi 43,4 millones de euros en las seis actuaciones de modernización (mediante la implantación de nuevas tecnologías) y consolidación de regadíos contempladas en el el Convenio de colaboración entre el Magrama y la SEIASA autorizado por el Consejo de Ministros el 30 de noviembre y suscrito el 3 de diciembre con un importe total de 696.5 millones de euros, financiados de la siguiente manera (en millones de euros):

SEIASA	208,9
Fondos UE (FEDER, FEDER-Cohesión 2007-2013 y FEADER)	250,5
Comunidades de Regantes	206,3
Comunidades Autónomas (en Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía)	30,8

Por comunidades autónomas, en las que están previstas un total de 87 actuaciones, las inversiones previstas son:

Andalucía (27 actuaciones)	243,6
Castilla y León (14)	173,6
Aragón (7)	75,1
Comunidad Valenciana (16)	65,4
Murcia	52,8
Extremadura	43,3
Cataluña	35,8
Castilla La-Mancha	6,5
Madrid	0,2

Ya el programa de IU para las generales de 2004 proclamaba la "Planificación y gestión del agua y los regadíos, fomentando el ahorro y la calidad del agua. Equiparar las condiciones de financiación de las SEIASAS entre las distintas Comunidades Autónomas".

Hasta entonces, las Comunidades de regantes implicadas son, en Badajoz, la Comunidad de Regantes Canal del Zújar. Fase II (10 millones de euros); Comunidad de Regantes Canal del Zújar. Tercera Fase (7,4 millones de euros); y Comunidad General de Regantes Canal de Orellana. Segunda Fase (18,8 millones de euros). El inicio de los trabajos en los dos últimos casos será en el presente año, estando prevista su finalización en 2015. La puesta en marcha del resto de obras, se fijará en los respectivos convenios a suscribir con las Comunidades de regantes afectadas. Las actuaciones beneficiarán a un total de 15.471 regantes y afectarán a una superficie de 62.814 hectáreas. 

Por su parte, 24.439 han sido los regantes y 142.926 las hectáreas afectadas por los nuevos sistemas de regadío instalados, cuya finalidad es aumentar la eficiencia del uso del agua, la conservación del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida de los agricultores y, con el impulso a los recursos hídricos y la eficiencia energética, la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, gracias a una mayor productividad y a un menor coste de producción. Han sido, a través de SEIASA, 23 las obras de modernización y consolidación de regadíos ejecutadas en la región, con una inversión de 130 millones de euros, afectando en la provincia de Badajoz a las zonas de las Comunidades de Regantes del Canal de Orellana, Vegas Altas, Badajoz - Canal de Montijo, Montijo - Canal de Montijo Guadiana del Caudillo, Talavera la Real, Zújar, Entrerríos y Mérida.

Nobel para Vara, ya: gastos en dietas, útiles para la economía

El plan de ahorro iniciado por la Junta a primeros de 2012 ha reducido el gasto en las 13 partidas generales detalladas ayer por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, desde los 194,2 millones de euros del año 2010 a 98,1:

PARTIDA	2010	2012
gastos diversos	22,9	0,7
estudios y trabajos técnicos	126	81
publicidad y promoción	24	7,5
aplicaciones informáticas	9,3	3
material de oficina	2,2	1,1
gastos de viaje	1,8	0,9
alojamientos y manutención	1,2	0,5

cifras en millones de euros

Además el Gobierno regional acaba de contratar una póliza centralizada de seguro para sus 1.857 vehículos para dos años por 739.296 euros, con un ahorro de 204.704. Los coches a todo riesgo sin franquicia pagan 1.200 euros al año, y los de terceros con asistencia en viaje, seguro del conductor y rotura de lunas, 172 euros.

El que era presidente de Extremadura en aquel año 2010, Guillermo Fernández Vara, aunque acertando en la crítica a "la incorporación de un consejero solamente para la propaganda, que antes pagaba el PP de Extremadura y ahora pagan todos los ciudadanos extremeños", aludió como consecuencias de este plan de austeridad el cierre de las empresas que editaban las revistas y los libros, y de otras innumerables que hacían estudios y trabajos técnicos para la Administración: "el único efecto que ha tenido el plan de optimización de recursos es aumentar las listas del paro, contribuyendo a generar 60.000 parados en 18 meses de Gobierno".

Parece mentira que haya que explicarle esto a alguien que se dice socialista, pero si había empresas que dependían exclusivamente del cordón umbilical de la Administración, ¿por qué no se crearon las adecuadas empresas públicas, cubiertas por oposición evidentemente, para tareas de promoción o de desarrollo de software? ¿O por qué no se utilizaron los recursos existentes en la Administración para estudios y trabajos técnicos? ¿O está diciendo Fernández Vara que el pago de dietas por viajes es una inversión? Hoy empieza FITUR y todos recordamos las excursiones hacia allí que se permitían los socialistas a cuenta de los extremeños.

Además, para esas empresas públicas había dinero: por ejemplo, todo el que el PSOE prefirió entregar a la planta de impresión oliventina de la sociedad madrileña de artes gráficas Lusográfica mediante subvenciones sin control otorgadas a través de SOFIEX*. Eso sí que era destruir el "poco tejido empresarial extremeño" como alertó Pedro Escobar al recordar los casos de la propia Lusográfica, de Montprint, Fuentecapala, Nueva Rumasa, en la visita que realizó Cayo Lara a Badajoz para apoyar a Pedro Escobar y Manuel Sosa, a la sazón candidatos para autonómicas y municipales

Hace un año se conocía por el BOE que el Ministerio de Economía ordenaba a Lusográfica devolver una subvención de 1.325.000 euros más 286.000 en concepto de intereses de demora por no mantener, como ponía de manifiesto el informe que la Junta de Extremadura emitió, tan tardíamente el 15 de febrero de 2011, la inversión pactada de 8,83 millones euros durante 5 años después de finalizar el plazo de vigencia.

Los dos pagos de finales de 2007 y comienzos de 2008 con cargo a Incentivos Regionales, una de las líneas más importantes concedidas por el Gobierno nacional a proyectos empresariales, estaban condicionados además a la creación y mantenimiento de 6 puestos de trabajo, conservando además los 54 existentes. Lo que se produjo, en cambio, fue la destrucción de empleo durante los dos años que siguieron al fin del plazo de vigencia.

En febrero de 2009 la industria, propiedad de Salomón Lerner, gran amigo de Alfonso Guerra, presentó concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil, dejando en la calle a 47 trabajadores. En septiembre del año siguiente acordó con los acreedores un convenio para salir temporalmente de la suspensión de pagos, que fijaba una 'quita' del 50%, abonándose la mitad restante de la deuda en un plazo de cinco años a partir de 2011.

En junio de 2011 la junta de accionistas aprobó la reducción forzosa del capital social, engullido por las deudas, a cero con amortización de todos los títulos (4,981 millones de euros). Acto seguido, se rehizo el capital social en 60.000 euros.

La presentación de la factoría del Grupo Lerner la hizo a bombo y platillo Rodríguez Ibarra el 11 de octubre de 2002: Sofiex participaba con el 49% de las acciones (en 2011 conservaría el 24%), 2,4 millones de euros, "dada la solvencia de la compañía"; "traen riqueza y empleo a Extremadura". Actualmente, se encuentra en funcionamiento a un ritmo mucho menor del que tuvo en un principio y habiendo cambiado la actividad principal de publicidad y cartelería a servilletas de papel.

Con "Vara como concejal de Olivenza", donde gobernaba el PSOE, "decían que esta empresa iba a revolucionar el mundo de las artes gráficas y por eso le dieron hasta 13 millones de euros en ayudas de la Junta y del gobierno central" según el hoy presidente extremeño José Antonio Monago (Actualidad Extremadura, 14/02/2011). Pese a ello, la empresa decía no disponer de efectivo y que había que hipotecar los terrenos, que "eran del Ayuntamiento y la empresa no cumplía con las condiciones, que eran crear 100 [108] puestos de trabajo" (íbidem) so pena de revertir los terrenos al Ayuntamiento. Efectivamente, el 27 de marzo de 2006, cuando ya se barruntaba que la empresa ni invertía ni contrataba lo firmado con el gobierno regional, Olivenza acordó suprimir esta cláusula resolutoria del pliego de condiciones económico-administrativas y renunciar a recuperar bajo ninguna circunstancia la finca 'Ramapallas' a cambio de 400 euros. Los 65.000 metros cuadrados (6 veces lo necesario) se recalificaron como suelo industrial, pudiendo generar unas plusvalías, en caso de venta a 60 euros el metro cuadrado, de otros 3,9 millones para el Grupo Lerner.

En esas mismas declaraciones, Monago recordaba que el alcalde de Olivenza era Ramón Rocha, "presidente de la Diputación de Badajoz, miembro de la Mesa de la Asamblea que, además, formaba parte del Consejo de Administración de Caja Badajoz -que le dio parte del crédito a la empresa-, que también formaba parte de Sofiex -que también le dio dinero a la empresa", la cual "ha desmantelado las máquinas y se las han llevado dejando 5 trabajadores solamente" que "lo único que hacen es servilletas para el Servicio Extremeño de Salud".

Los inversores nunca llegaron a poner sobre la mesa los más de 24 millones de euros firmados en el contrato de colaboración, sino que se quedaron en poco más de diez. Entre las subvenciones recibidas, consta una de formación de trabajadores, con cargo a Incentivos Regionales como la que ahora se pide desde Economía, de 3,6 millones de euros.

Andrés Holgado describía el contexto en el número del último 21 de febrero (2011) de la extinta Voz Emérita: "El INI desapareció, al empuje de la modernidad liberal que sufrimos (algo que no se ha dado en sociedades más maduras políticamente como Francia, Inglaterra o Italia, donde el sector público sigue controlando áreas estratégicas [...]) y el desarrollo industrial se dejó al albur de la iniciativa privada. Ello, en tiempos de globalización, ha llevado al desmantelamiento y a la deslocalización de la industria fabril. En Extremadura se intentó crear un 'sector público', liberal por supuesto, con la iniciativa privada como motor".

(*) SOFIEX = Sociedad de Fomento de Extremadura