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19 agosto 2016

Messi, sí, pero... ¿Red Natura 2000?

Arias Cañete, hoy eurocomisario de Acción por el Clima y Energía pese a los papeles de Panamá, el caso Acuamed y la mina de uranio, presentó en enero de 2013 el proyecto LIFE+Infonatur 2000, herramienta con la que mantener la amenazada diversidad biológica en el territorio español en el marco de la 'Red Natura 2000' de espacios protegidos europeos para la conservación de especies y hábitats, la cual desconoce el 85% de los españoles. Dijo que esperaba que "supere" a Leo Messi "en la obtención de balones de oro del conservacionismo medioambiental".

En España existen 2.041 espacios de la Red (un 30% de la superficie): 1.445 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC, más de 12 millones de has.) y 596 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA, más de 10 millones, 265.000 marinas).

Sin embargo, quienes menos familiarizados están con el concepto son los que ahora, por medio de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, están llevando a cabo reuniones con los 92 ayuntamientos con más del 50% de su municipio en espacios de la Red Natura 2000 y con los 20 Grupos de Acción Local de sus comarcas para difundir el significado y los valores de la Red Natura 2000. Estos valores los difunden los que los prostituyeron firmando el pacto con el PP para que la Ley del Suelo de Extremadura permitiera desarrollar proyectos como la urbanización de lujo con campo de golf de Valdecañas en suelo no urbanizable de zonas protegidas por la Red Natura 2000, y los que reeditaron ese pacto PP-PSOE para rechazar en el Pleno del 27 de octubre de 2011 de la Asamblea de Extremadura la derogación propuesta por IU.

El acuerdo PP-PSOE se proponía tumbar las dos sentencias de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que declaraban nula la figura urbanística del Proyecto de Interés Regional (PIR) y para este caso concreto. La Junta y la Diputación de Cáceres -en representación de los ayuntamientos de El Gordo y de Berrocalejo- se aliaron a la empresa  (Marina Isla Valdecañas) para recurrir las sentencias. En su auto de enero de 2012, el TSJEx ordenaba paralizar las obras y la ocupación de las instalaciones hasta que el Supremo se pronunciase, estableciendo que la reforma introducida en el artículo 11 "no tiene eficacia retroactiva y, por tanto, no era aplicable al Proyecto de Interés Regional", como tampoco lo era el proceso de homologación urbanística aprobado por la Junta y que se incluía en la Disposición adicional de la reforma.

Sin embargo, en este país se condiciona el cumplimiento del artículo 9.3 de la Constitución ("La Constitución garantiza [...] la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales") al pago de una fianza. Los magistrados reconocieron carecer de criterios para cuantificarla e instaron a un acuerdo, aunque enseguida el gerente de Isla de Valdecañas, Miguel Oñate, habló de pedir a Ecologistas en Acción (EeA), que fue quien presentó la petición de aplicación provisional de las sentencias del TSJEx para evitar que el proyecto avanzase, un importe "millonario" y proporcional a la inversión realizada (140 millones de euros, más otros 50 millones pendientes de ejecución). EeA solicitó en su escrito inicial que no se fijase fianza alguna, "en arreglo a nuestros limitados recursos" en palabras del abogado.

Tenía razón la directora de Naturaleza, Biodiversidad y Uso de la Tierra de la Comisión Europea cuando decía que "aún queda mucho por hacer" para garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats europeos más valiosos y amenazados.

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