Por primera vez, la Iglesia se topa con un gobierno que, para recuperar la propiedad de unos bienes que deberían
formar parte del patrimonio público, está dispuesto a litigar
en procedimientos judiciales, algunos ya iniciados por ayuntamientos de entre los 200 que se han unido en la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, la mayoría pequeñas localidades temerosas del respaldo legal con el que
cuenta la Iglesia, cuyos ayuntamientos y vecinos habían
construido, financiado o mantenido propiedades abandonadas durante
décadas.
El Gobierno navarro surgido del acuerdo entre Geroa Bai, Bildu, Podemos y la marca de IU en la comunidad foral ha logrado la aprobación en sede parlamentaria para instar al Arzobispado de Pamplona y Tudela a devolver los 1.086 bienes inmatriculados que arrojó el recuento del Parlamento navarro en todos los juzgados de la región en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida, y eso sólo entre 1998 y 2007. Grandes monumentos religiosos (incluida en 2006 la catedral de Pamplona, siempre sostenida con millones de euros públicos), palacios episcopales, templos, capillas, iglesias, ermitas, casas rectorales, atrios, viviendas, descampados, cementerios y hasta un frontón, el grueso de los cuales desde 1998, cuando el gobierno de José Mª Aznar -mediante RD 1867, para no llevar el asunto al Congreso- introdujo una modificación en la ley Hipotecaria de 1946 para eliminar la excepción impuesta por Franco de no poner en el Registro de la Propiedad a su nombre los lugares de culto. Se equiparaba a la Iglesia en la dictadura con una corporación de derecho público, por lo que permitía a los obispos actuar como funcionarios públicos e inmatricular "todo lo que pilla desde iglesias hasta atrios, frontones o cementerios", indicaba la Plataforma. El artículo 206 de la Ley de 1946 permitió, sólo a la Iglesia católica, registrar propiedades que carecían de dueño. En 1947, Franco puso límites a la voracidad católica excluyendo el artículo 5 del Reglamento Hipotecario “los templos destinados al culto religioso”.
Izquierda Unida registró en julio de 2011 en el Congreso una batería de preguntas con las que instaba al Gobierno autodenominado socialista a suprimir este "anacrónico privilegio" y a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. "Si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿por qué los obispos pueden expedir certificaciones de dominio con titularidad pública? Todos los demás tenemos que acudir a un notario para inscribir nuestras casas", denunciaba el profesor de Derecho Eclesiático de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres. Pero el PSOE mantuvo la modificación de Aznar y ha tenido que ser Rajoy el que, en 2015, haya impedido que la Iglesia pueda inmatricular más bienes sin más condición que la de que un obispo diga que el inmueble pertenece a la Iglesia. También con el PSOE, la palabra del obispo no sólo iba a misa, sino también al Registro de la Propiedad. Aznar le enmendó la plana a Franco y Rajoy se la ha tenido que enmendar a Zapatero, que le mantuvo a la Iglesia el rango de organismo público que ganó en el Golpe de Estado. Los socialistas navarros, además, votaron en contra del punto de la resolución del Parlamento navarro que reclamaba la inconstitucionalidad de la “amnistía registral” que permitía a la Iglesia quedarse los bienes inmatriculados antes de 2015: ven perfectamente lógico que la ley reconozca el trato de favor dado a la Iglesia y, al mismo tiempo, deje sin resolver las inmatriculaciones llevadas a cabo de esta forma indebida.
"Todo lo inmatriculado con tan obscena avaricia antievangélica debería ser devuelto a su dueño legítimo, los pueblos", defendía la Plataforma, que criticaba que "una institución que debería dar ejemplo de austeridad, humildad y sentido comunitario se haya dedicado a acaparar sigilosamente más de 1.000 bienes del común de los navarros", que "tienen que volver a su carácter histórico de bienes jurídico-públicos y regresar a los pueblos". Para conseguirlo, el actual gobierno navarro está dispuesto a revisar la política de subvenciones públicas que se conceden para conservarlos, rehabilitarlos y mantenerlos.
El problema no sólo es navarro. La ermita de la pedanía leonesa de Pardesivil, con 8 habitantes en invierno, fue inmatriculada en 2009, habiendo invertido sus vecinos 6.000 euros para repararla de su abandono de 35 años. Como la Ley Hipotecaria, además, autoriza a inmatricular sin el conocimiento público, bastando "con que el obispo dé fe de que el bien pertenece a la Iglesia, sin el visto bueno de ningún poder público ni notario", según explicaba, entonces, la directora de consumidores y usuarios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, al que pertenece Rajoy, "la mayoría de los ayuntamientos no se entera del registro hasta que han pasado unos años. Entonces, tienen que impugnarlo, demostrar que la Iglesia no es la titular y aportar una documentación que, en algunos pueblos, nunca ha existido", denunciaba el profesor Torres.
A la Iglesia, pues, le cuesta entre 20 y 30 euros incorporar una propiedad a su patrimonio: “el precio de una campana, sin conocimiento de los pueblos, al amparo de una ley antidemocrática”, al decir de la Plataforma. Algunas fincas (urbanas y rurales), viviendas, colegios y demás propiedades que, por carecer de dueño, fueron inmatriculadas por el clero, han sido vendidas luego sin conocimiento de los vecinos, según la Plataforma Ekimena, consiguiendo la Iglesia unas plusvalías dignas del mejor especulador.
El Gobierno navarro surgido del acuerdo entre Geroa Bai, Bildu, Podemos y la marca de IU en la comunidad foral ha logrado la aprobación en sede parlamentaria para instar al Arzobispado de Pamplona y Tudela a devolver los 1.086 bienes inmatriculados que arrojó el recuento del Parlamento navarro en todos los juzgados de la región en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida, y eso sólo entre 1998 y 2007. Grandes monumentos religiosos (incluida en 2006 la catedral de Pamplona, siempre sostenida con millones de euros públicos), palacios episcopales, templos, capillas, iglesias, ermitas, casas rectorales, atrios, viviendas, descampados, cementerios y hasta un frontón, el grueso de los cuales desde 1998, cuando el gobierno de José Mª Aznar -mediante RD 1867, para no llevar el asunto al Congreso- introdujo una modificación en la ley Hipotecaria de 1946 para eliminar la excepción impuesta por Franco de no poner en el Registro de la Propiedad a su nombre los lugares de culto. Se equiparaba a la Iglesia en la dictadura con una corporación de derecho público, por lo que permitía a los obispos actuar como funcionarios públicos e inmatricular "todo lo que pilla desde iglesias hasta atrios, frontones o cementerios", indicaba la Plataforma. El artículo 206 de la Ley de 1946 permitió, sólo a la Iglesia católica, registrar propiedades que carecían de dueño. En 1947, Franco puso límites a la voracidad católica excluyendo el artículo 5 del Reglamento Hipotecario “los templos destinados al culto religioso”.
Izquierda Unida registró en julio de 2011 en el Congreso una batería de preguntas con las que instaba al Gobierno autodenominado socialista a suprimir este "anacrónico privilegio" y a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. "Si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿por qué los obispos pueden expedir certificaciones de dominio con titularidad pública? Todos los demás tenemos que acudir a un notario para inscribir nuestras casas", denunciaba el profesor de Derecho Eclesiático de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres. Pero el PSOE mantuvo la modificación de Aznar y ha tenido que ser Rajoy el que, en 2015, haya impedido que la Iglesia pueda inmatricular más bienes sin más condición que la de que un obispo diga que el inmueble pertenece a la Iglesia. También con el PSOE, la palabra del obispo no sólo iba a misa, sino también al Registro de la Propiedad. Aznar le enmendó la plana a Franco y Rajoy se la ha tenido que enmendar a Zapatero, que le mantuvo a la Iglesia el rango de organismo público que ganó en el Golpe de Estado. Los socialistas navarros, además, votaron en contra del punto de la resolución del Parlamento navarro que reclamaba la inconstitucionalidad de la “amnistía registral” que permitía a la Iglesia quedarse los bienes inmatriculados antes de 2015: ven perfectamente lógico que la ley reconozca el trato de favor dado a la Iglesia y, al mismo tiempo, deje sin resolver las inmatriculaciones llevadas a cabo de esta forma indebida.
"Todo lo inmatriculado con tan obscena avaricia antievangélica debería ser devuelto a su dueño legítimo, los pueblos", defendía la Plataforma, que criticaba que "una institución que debería dar ejemplo de austeridad, humildad y sentido comunitario se haya dedicado a acaparar sigilosamente más de 1.000 bienes del común de los navarros", que "tienen que volver a su carácter histórico de bienes jurídico-públicos y regresar a los pueblos". Para conseguirlo, el actual gobierno navarro está dispuesto a revisar la política de subvenciones públicas que se conceden para conservarlos, rehabilitarlos y mantenerlos.
El problema no sólo es navarro. La ermita de la pedanía leonesa de Pardesivil, con 8 habitantes en invierno, fue inmatriculada en 2009, habiendo invertido sus vecinos 6.000 euros para repararla de su abandono de 35 años. Como la Ley Hipotecaria, además, autoriza a inmatricular sin el conocimiento público, bastando "con que el obispo dé fe de que el bien pertenece a la Iglesia, sin el visto bueno de ningún poder público ni notario", según explicaba, entonces, la directora de consumidores y usuarios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, al que pertenece Rajoy, "la mayoría de los ayuntamientos no se entera del registro hasta que han pasado unos años. Entonces, tienen que impugnarlo, demostrar que la Iglesia no es la titular y aportar una documentación que, en algunos pueblos, nunca ha existido", denunciaba el profesor Torres.
A la Iglesia, pues, le cuesta entre 20 y 30 euros incorporar una propiedad a su patrimonio: “el precio de una campana, sin conocimiento de los pueblos, al amparo de una ley antidemocrática”, al decir de la Plataforma. Algunas fincas (urbanas y rurales), viviendas, colegios y demás propiedades que, por carecer de dueño, fueron inmatriculadas por el clero, han sido vendidas luego sin conocimiento de los vecinos, según la Plataforma Ekimena, consiguiendo la Iglesia unas plusvalías dignas del mejor especulador.
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